APCEspaña RECLAMA REFORZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA, MEJORAR EL ACCESO DE LOS JÓVENES A LA VIVIENDA Y ACORTAR LOS PLAZOS DE CONCESIÓN DE LICENCIAS
En la jornada La vivienda en España, organizada por APCEspaña, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la asociación, ha recalcado la importancia de reforzar la seguridad jurídica dentro del sector inmobiliario a través de un marco normativo sólido. Para contribuir a incrementar la seguridad jurídica “es necesario dotar al sector de una auténtica política de vivienda, de una legislación clara, así como de una perspectiva estructural que permita hacer frente a los retos presentes y futuros”, ha apuntado el presidente de APCEspaña.
Juan Antonio Gómez-Pintado, que ha inaugurado la jornada junto con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, ha abogado por “poner en marcha medidas que permitan favorecer el acceso a la vivienda a un precio asequible por parte de los jóvenes de nuestro país”. Para conseguirlo, Gómez-Pintado ha subrayado que “la falta de acuerdos entre fuerzas parlamentarias no debe ser nunca un obstáculo para alcanzar políticas que ayuden a los jóvenes a iniciar sus proyectos vitales”. A su vez ha animado a los actores políticos y sectoriales implicados a “poner encima de la mesa” todas aquellas medidas que susciten consensos generales con el fin de reducir la dilatada edad de emancipación de los jóvenes.
El presidente de APCEspaña también ha profundizado en la necesidad de “poner en marcha medidas que agilicen los plazos de concesión de las licencias”. En concreto, el foco se sitúa en la tardanza para obtener los permisos urbanísticos, sobre todo, en las licencias de obra nueva y primera ocupación. Para agilizar estos procesos es necesario implementar medidas que partan de la “modernización y digitalización de la Administración”. Se trata de una cuestión que “no depende de la tecnología”, apunta Gómez-Pintado, sino de que exista “voluntad política y en la que un impulso decidido desde la Administración central pueda servir de incentivo para las Administraciones autonómicas y locales”.
Para enfrentar estos desafíos clave para el sector –añade Gómez-Pintado– es necesario “partir de los cimientos que todos compartimos y crear una estructura legislativa estable que proceda de la colaboración público privada”. La cooperación y la colaboración entre los agentes implicados resulta crucial para “generar un marco estructural y ágil que favorezca el acceso a la vivienda a precios asequibles y de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.
En la segunda ponencia de la jornada, Novedades legislativas en vivienda y urbanismo, presentada por Carolina Roca, vicepresidenta de ASPRIMA, ha participado Helena Beunza, secretaria general de Vivienda.
En su intervención, Carolina Roca ha resaltado el escaso número de viviendas protegidas (3.350 unidades) que se han puesto en el mercado en 2018 en toda España. “Este mal dato” –explica la vicepresidenta de ASPRIMA– “contrasta con la efectividad de las políticas de vivienda vigentes desde hace 30 años durante los cuales salieron al mercado una media de 75.000 viviendas protegidas al año, lo que supuso y supone una estabilización social del acceso de la vivienda”. Para conseguir retomar esta favorable tendencia del pasado “es necesario diseñar una política de vivienda efectiva capaz de ofrecer a la sociedad viviendas con precios o rentas asequibles”.
Carolina Roca además ha enumerado las cinco claves principales que el sector promotor debe tener presente: i) poner en carga todo el suelo destinado a vivienda social retenido en manos de las distintas; ii) reducir las cargas burocráticas ligadas a la promoción de viviendas y agilizar las licencias; iii) incrementar el parque de vivienda en alquiler; iv) reducir la fiscalidad sobre la vivienda y v) establecer un marco jurídico estable para la financiación hipotecaria y el sector urbanístico a través del refuerzo de la seguridad jurídica.
Lluís Marsà, presidente de APCE Cataluña, ha clausurado la jornada con una intervención en la que ha insistido en la necesidad de contar con un marco estable que aporte seguridad jurídica ante los posibles cambios legislativos que inciden negativamente en el desarrollo de la actividad del sector. Para Marsà, “los promotores ya construimos vivienda protegida y queremos seguir haciéndolo. Es por ello por lo que además de fomentar la colaboración público-privada, es necesario actualizar los precios máximos de las viviendas protegidas para adecuarlo a los costes actuales que conlleva edificar”.
