Frente a las previsiones económicas cada vez más pesimistas como consecuencia del coronavirus, el sector de la construcción y la edificación en España ha reivindicado, en una reunión con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas; el director general de Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martín, y el director general de Agenda Urbana y Arquitectura, Ignacio Carnicero, su capacidad para ser locomotora de la recuperación económica con el apoyo público necesario. Esto es, a través de un plan de reactivación que contemple medidas de calado y recursos suficientes para acelerar su actividad con una “ola de renovación inmobiliaria” que atienda las necesidades de rehabilitación, regeneración urbana y acceso a la vivienda que existen en nuestro país y que esté en consonancia con la estrategia verde promovida por la Comisión Europea, la Agenda 2030 de la ONU y la Agenda Urbana Española. En este sentido, advierte de que, sin el apoyo necesario, se pueden perder hasta medio millón de puestos de trabajo en el sector, pero, con las políticas públicas adecuadas, se crearían unos 400.000 empleos.
Representado por los presidentes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano; la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Juan Antonio Gómez-Pintado; el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón; el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), Alfredo Sanz, y los secretarios del área de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras, Vicente Sánchez, y UGT FICA, Jesús Ordóñez, el sector ha trasladado a los responsables de Vivienda las demandas contenidas en el comunicado suscrito el pasado mes de julio, agradeciéndole el encuentro, que entiende como una muestra del reconocimiento del Gobierno a su carácter estratégico en la salida de la crisis actual. En la reunión, los representantes del sector han subrayado que la mejor manera de conciliar las necesidades de eficiencia energética del parque edificatorio para que sea sostenible, accesible y funcional por el bienestar y la salud de las personas y la necesidad ineludible de contener la pérdida masiva de empleo sobrevenida por la pandemia es utilizar toda la potencialidad de la construcción.
El presidente de la CNC, Juan Lazcano, ha destacado la capacidad del sector para ser “base de una recuperación económica duradera”. Gracias a su variada estructura empresarial y a la alta proporción de pymes y autónomos, la construcción es el segundo sector económico generador de empleo en nuestro país solo por detrás de la agricultura. Posee una enorme capacidad de arrastre sobre otros sectores industriales, puesto que solo importa un 9% de los materiales que utiliza, y genera una actividad inducida de 1,92 euros por cada euro invertido, a lo que hay que añadir retornos fiscales cercanos al 50% y su estructuración en el ámbito laboral en torno a un Convenio Colectivo Nacional, a una Ley de Subcontratación específica y a una Fundación Laboral paritaria con los agentes sociales, lo que dan garantías de calidad en el empleo en un momento de incertidumbre laboral.A estas características de un sector que emplea a cerca de 1,3 millones de personas de forma directa y tiene aún un enorme margen de crecimiento para equipararse con los de otros países de nuestro entorno, hay que sumar la realidad del parque de edificios y viviendas en nuestro país y la necesidad de alinear las estrategias de recuperación económica con los objetivos establecidos por la Comisión Europea para transitar hacia una economía sostenible, que serán los que marquen la captación de las ayudas del Fondo de Recuperación europeo. Los edificios son los mayores consumidores de energía de la UE, responsables del 36% de la emisión de gases de efecto invernadero. En España, en concreto, el 75% del parque inmobiliario se construyó antes de la entrada en vigor de las primeras directivas europeas de eficiencia energética y más de la mitad de los 10 millones de edificios existentes con 25,7 millones de viviendas no responde a ninguna normativa.
Aparte, un 10% de esos edificios necesita obras de conservación por su estado deficiente; un 50% tiene problemas de accesibilidad y, en general, en pocos casos están adecuadas a las nuevas formas de vida y requerimientos de habitabilidad. Pero, además, a toda esta problemática hay que añadir las dificultades de acceso a la vivienda, con un parque público que no llega al 1,5%. Por eso, el presidente del CSCAE, Lluís Comerón, recalca: “Para activar la economía, debemos impulsar, urgentemente, una ‘ola de renovación urbana’ que durante los próximos años consiga que nuestro parque edificado dé respuesta a las necesidades actuales, alcanzando la tasa de rehabilitación anual del 3% que recomienda la Unión Europea”. Puesto que el “pacto de reactivación económica y por el empleo” firmado en julio por el Gobierno, la patronal y las principales centrales sindicales daba paso a una negociación de fondo, en su comunicado el sector de la construcción y la edificación demandaba un “apoyo inicial y urgente, con actuaciones que impulsen y multipliquen la inversión privada con fondos públicos, hasta que puedan ser sustituidos o complementados por los programas de la Unión Europea”. Además, estas ayudas deben venir acompañadas de medidas fiscales y de otras de carácter normativo “para que el escenario económico-jurídico-técnico resultante favorezca el desarrollo de estas actividades de forma estable a largo plazo, contando con la participación de los operadores del sector”.
El clamor de un sector estratégico
Las necesidades que la CNC, APCEspaña, el CSCAE, el CGATE, CC OO y UGT han trasladado al secretario general de Agenda Urbana y Vivienda responden a una honda preocupación por la situación derivada del Covid19, pero también a la convicción generalizada de un sector estratégico en que es un potente motor de recuperación económica, si se cuenta con el apoyo necesario. Así lo demuestran las numerosas adhesiones que ha recibido el comunicado conjunto gracias al impulso del Observatorio 2030 del CSCAE. Entre otras entidades, lo han suscrito la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), la Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón (Andece), la sociedad pública Navarra de Suelo y Vivienda, S. A. (Nasuvinsa), la Asociación Española del Gas (Sedigas), Acciona, la agrupación empresarial de fabricantes de cemento Oficemen, la Fundación Hàbitat3, la Asociación Madrid Capital Mundial de la Ingeniería, la Construcción y la Arquitectura, el Grupo Saint Gobain Isover y Placo, el Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), el Grupo TECMA RED, el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), CEMEX, la Fundación La Casa que Ahorra, el Observatorio Ciudad 3R, Cosentino, Asemas, STO, Rockwool, Savills-Aguirre Newman, el Consejo General de Economistas, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), habitissimo, URSA Ibérica Aislantes, Euronit, Equitone y Cedral del Grupo ETEX, la Asociación Ibérica de Poliestireno Extruido (AIPEX), la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas (UAAU), Roca, Hispalyt, ANERR, SIMA, AIFIM, Fepyma, Greenn Building Council España, Lafarge-Holcim, Danosa, SonaeArauco, MAPEI, Wires, UneMadera, URBACT, la Fundación Avante, Knauf, Sika, AMC, CIC Arquitectura y Sostenibilidad y ARUP.
