El nuevo paquete de vivienda debe priorizar la generación de oferta, la seguridad jurídica y una fiscalidad que reduzca el coste de la vivienda.
- APCEspaña reclama que las futuras medidas incorporen una reforma urgente de la Ley del suelo, la aplicación del IVA reducido del 4% a toda la vivienda protegida.
- Deben evitarse nuevas medidas coercitivas que puedan retirar inversión, oferta y confianza del mercado residencial.
- Xavier Vilajoana: “El problema de la vivienda no se resolverá con más controles, más restricciones o más intervención sobre el mercado existente. Debe generarse más vivienda, dar seguridad jurídica y hacer viable la promoción de vivienda asequible”.
29 de junio de 2026 – La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) considera que el nuevo paquete de medidas de vivienda anunciado por el Gobierno debería situar en el centro de la agenda tres prioridades esenciales: la seguridad jurídica del planeamiento urbanístico, una fiscalidad específica que reduzca el coste final de la vivienda y la movilización real de inversión pública y privada para incrementar la oferta de vivienda asequible.
APCEspaña comparte la necesidad de abordar con urgencia las dificultades de acceso a la vivienda, pero advierte de que el debate no puede quedar reducido a nuevas medidas de control, limitación o intervención sobre el parque existente. En este sentido, APCEspaña defiende que cualquier reforma estatal con voluntad de eficacia debería incorporar medidas que permitan producir más vivienda, movilizar suelo, reducir plazos administrativos, dar estabilidad a los operadores y evitar que la inseguridad normativa acabe expulsando inversión y reduciendo aún más la oferta disponible.
Más seguridad jurídica para generar vivienda
Una de las principales prioridades para APCEspaña es la aprobación de una reforma de la Ley del suelo que refuerce la seguridad jurídica del planeamiento urbanístico y evite que defectos formales o procedimentales se traduzcan automáticamente en la anulación completa de planes urbanísticos tras años de tramitación. APCEspaña considera que no se trata de rebajar garantías ni de permitir actuaciones contrarias a la legalidad, sino de aplicar criterios de proporcionalidad y conservación de los actos administrativos, diferenciando entre infracciones sustanciales y defectos subsanables.
“Si queremos más vivienda, no podemos mantener un sistema que bloquea suelo durante años y que puede hacer caer planeamiento completo por defectos que podrían corregirse. La seguridad jurídica urbanística es una condición imprescindible para generar vivienda asequible”, afirma Xavier Vilajoana, presidente de APCEspaña.
Fiscalidad que repercuta en el comprador final
APCEspaña también reclama que el nuevo paquete estatal incorpore medidas fiscales orientadas a reducir el coste de acceso a la vivienda. Concretamente, aplicar el IVA del 4% a toda la vivienda con protección oficial. Según APCEspaña, esta medida tendría un impacto directo sobre la accesibilidad económica de la vivienda protegida, porque al tratarse de viviendas con precio limitado, la reducción fiscal se convierte en una rebaja efectiva del coste que soporta el comprador final.
“No tiene sentido reclamar más vivienda asequible y, al mismo tiempo, mantener una fiscalidad que encarece la vivienda protegida y dificulta el acceso de las familias. Si el precio está limitado, una reducción fiscal bien diseñada repercute directamente en el comprador final”, señala Vilajoana.
La asociación considera que también debería revisarse la fiscalidad aplicable al derecho de superficie, especialmente cuando se utiliza para promover vivienda asequible sobre suelo público, así como determinadas cargas municipales que inciden sobre la producción de vivienda nueva (ICIO, las tasas urbanísticas, etc.).
Por último, APCEspaña defiende que el nuevo paquete estatal debería incorporar una estrategia integral para incrementar la oferta de vivienda que incluyera seguridad jurídica, agilidad administrativa, fiscalidad incentivadora, financiación adecuada, movilización de suelo público y privado y colaboración público-privada efectiva.
Para la asociación, el reto de la vivienda exige acuerdos amplios y medidas estructurales, pero estos acuerdos deben estar orientados a generar vivienda y no sólo a regular la insuficiencia actual.
“El consenso es necesario, pero debe servir para producir más vivienda, no para acumular nuevas restricciones sobre un mercado que ya sufre una falta grave de oferta. Desde APCEspaña ofrecemos nuestra colaboración para conseguir superar este reto”, concluye Xavier Vilajoana.
