La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) y la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) rechazan la modificación por parte del Gobierno del Real Decreto de 22 de diciembre que paraliza los desahucios, y cuya vigencia se restringe a la duración del período del Estado de Alarma.
Desde ambas asociaciones entendemos que la modificación incorporada sin previo aviso, tan sólo tres semanas después de la aprobación del Decreto original, es un paso más hacia la protección de la ocupación ilegal que genera graves problemas sociales y económicos. Esto convierte a España en una excepción dentro de Europa, al amparar este fenómeno ilegal.
Con este cambio, se suspende la paralización del desahucio aún en el caso de que haya delito, limitando la paralización del mismo a los casos en los que haya violencia o intimidación sobre las personas. Esta limitación carece de todo sentido, máxime cuando la mayor parte de las ocupaciones ilegales se producen en viviendas que se encuentran vacías. No se debe confundir, ni mucho menos equiparar, la necesaria protección de las personas vulnerables en circunstancias de excepcionalidad con avalar desde la Administración Pública a la ocupación ilegal.
Por ello, ambas asociaciones consideran que sería conveniente que el Congreso de los Diputados votara en contra de la convalidación de este real decreto o en todo caso, aceptarla a trámite como proyecto de ley, conservando aquellos otros artículos que sí son necesarios, pero corrigiendo esta modificación fuera de toda lógica y que puede ser muy dañina para el crecimiento del mercado inmobiliario y, con él, de la economía.
Desde APCEspaña y ASVAL consideramos que, en este momento de excepcional dificultad, son necesarias medidas extraordinarias que contribuyan a aminorar el impacto de la pandemia sobre la sociedad; que mantengan un equilibrio entre la protección frente a la vulnerabilidad y la garantía de los derechos de los arrendadores. En ASVAL y APCEspaña aseguramos que cuestionar un derecho fundamental para garantizar otro genera inseguridad jurídica, tanto en nuestro país como internacionalmente, en un momento donde la recuperación económica precisa de los mayores niveles de inversión posibles.
